Christofer Aarón Hernández Covarrubias
El acceso a la vivienda en México sigue siendo un desafío estructural. En muchas ciudades, para quienes no cuentan con créditos superiores al millón de pesos, ser propietario se vuelve prácticamente imposible. En ciudades “caras” como Hermosillo, la lógica es clara: si quieres tener casa propia, tu única opción suele ser comprar en las afueras.
La estrategia consiste en adquirir un terreno no urbano, con la esperanza de que la mancha urbana eventualmente lo alcance. Así se busca que el terreno se revalorice y que eventualmente pueda contar con servicios públicos. El problema: muchas veces esta estrategia depende más de la intuición que de la planificación urbana, dejando a ciudadanos atrapados con terrenos en medio de la nada, sin servicios ni infraestructura básica.
El derecho a la vivienda digna está reconocido en el artículo 4° de la Constitución y complementado por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Se considera un derecho humano de segunda generación, que requiere seguridad, habitabilidad, accesibilidad y adecuación jurídica y física.
Además, el artículo 27 constitucional establece que la propiedad debe cumplir una función social, pero la realidad demuestra que esta función no siempre se materializa, especialmente cuando el mercado inmobiliario está dominado por especuladores y desarrolladores con poder económico, y la política pública carece de institucionalización.
Cuando el gobierno intenta intervenir, la reacción de los sectores acomodados puede frustrar proyectos de vivienda social. Un ejemplo reciente en Hermosillo ilustra esta dinámica: el anuncio de construcción de vivienda social en una zona de nivel medio-alto generó un rechazo vecinal intenso. Algunos comentarios reflejaban el estigma social y la desigualdad: la población acomodada no quería que personas de menores ingresos vivieran en la zona.
El resultado fue trasladar el proyecto a las afueras, donde no hay servicios, transporte ni infraestructura, perpetuando la exclusión urbana y dejando a la población vulnerable en situaciones de mayor desventaja.
La expansión urbana y la venta de terrenos en las periferias se realiza de manera descoordinada, muchas veces sobre tierras ejidales o terrenos no urbanizados. Esto genera problemas significativos:
- Retraso en la dotación de energía eléctrica, agua potable y drenaje.
- Ausencia de infraestructura básica: pavimentación, alumbrado público, transporte y seguridad.
- Viviendas en régimen de autoconstrucción, con riesgo de inseguridad jurídica y deficiencias de habitabilidad.
La política pública en vivienda carece de institucionalización real: cada autoridad, desarrollador y municipio actúa según su conveniencia, sin coordinación efectiva ni supervisión. Esto permite que los proyectos se vendan antes de garantizar los servicios mínimos, exponiendo a los compradores a riesgos jurídicos y sociales.
Existen ejemplos emblemáticos que evidencian estas fallas. El fraccionamiento Ex Hacienda Santa Rosa en Querétaro muestra cómo la venta de viviendas a través de créditos Infonavit puede convertirse en un desastre: la infraestructura nunca fue formalmente entregada a la Comisión Estatal de Aguas, y los habitantes viven sin acceso adecuado a agua potable, drenaje ni servicios básicos, mientras siguen pagando sus créditos.
Situaciones como estas plantean un problema jurídico grave: ¿cómo es posible autorizar la venta de inmuebles sin garantizar la prestación de servicios básicos? La ley y la regulación deberían proteger al ciudadano promedio, no solo a los desarrolladores.
Garantizar el derecho a la vivienda digna requiere más que anuncios de programas o subsidios: implica institucionalizar políticas públicas, regular la urbanización y venta de terrenos, garantizar servicios básicos desde la planeación inicial y supervisar la autoconstrucción.
Mientras la expansión urbana siga descoordinada y la regulación siga siendo débil, los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales seguirán siendo derechos aspiracionales para millones de mexicanos. La vivienda digna no debe ser una promesa incumplida ni un privilegio de quienes tienen mayores ingresos; debe ser un estándar accesible y protegido jurídicamente para toda la población
No hay comentarios.:
Publicar un comentario