Controversia Constitucional

Lic. Christofer Aaron Hernandez Covarrubias

CONTROVERSIA CONTSTITUCIONAL.

Breves antecedentes

Los antecedentes más inmediatos de este tipo de procedimiento constitucional los encontramos en las Constituciones de 1857, en sus artículos 97, 98 y 99.

Así mismo, debemos señalar que el Constituyente de Querétaro, en 1917, contempló también la figura de la Controversia Constitucional, pues en su artículo 105 se decía:

“Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de  un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados., así como en aquellas en que la Federación fuere parte”.

Conforme al artículo 105 de la Constitución de 1917, las partes, en un principio, eran:

La FEDERACIÓN; Los ESTADOS; y Los PODERES PROPIOS DE CADA ESTADO.

Ahora, es importante mencionar la Reforma Constitucional de diciembre de 1994.

Destacando los siguientes puntos:

·         Todo el trabajo administrativo se le da al Consejo de la Judicatura Federal y la Corte se enfoca solo a la función jurisdiccional, descargando de un gran trabajo al máximo tribunal.

·         Se reduce de 25 a 11 ministros en la SCJN.

·         Pasa de tener cuatro salas a tener dos (Cambio radical de la Corte).

·         Se reforma el artículo 105 constitucional, apuntando de manera directa los controles de constitucionalidad denominados: Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad.

·         Se expide en los meses venideros el reglamento de la Fracción primera (Controversia constitucional) y Fracción Segunda (Acción de inconstitucionalidad) del artículo 105

De esta manera, podemos afirmar que la

Corte se ha constituido como un auténtico:

Tribunal Constitucional

De esta suerte transcribirnos la Exposición de motivos de la reforma de 1994:

“Consolidar a la Suprema Corte como Tribunal de constitucionalidad y  otorgar mayor fuerza a sus decisiones;...ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de las leyes que produzcan efectos generales y dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo.”

NATURALEZA DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Las controversias constitucionales son procedimientos de control de la regularidad constitucional, planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que las partes, sea como actores, demandados o terceros interesados, pueden ser, la Federación, los Estados, el Distrito Federal o municipios, el Ejecutivo Federal; el Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras o Comisión permanente, los Poderes de un Estado, y los órganos de Gobierno del Distrito Federal, en los que se plantea la posible inconstitucionalidad de normas generales o de actos concretos y se solicita su invalidación, alegándose que tales normas o actos no se ajustan a lo constitucionalmente ordenado; o bien para plantear conflictos sobre los límites de los estados cuando éstos adquieren un carácter contencioso.

Vale la pena destacar que, aun cuando de manera genérica estas controversias se denominen constitucionales pueden tener como objeto de control de regularidad no sólo la constitución, sino también el control de la legalidad, como lo veremos más adelante.

Todo ello con el fin de preservar el sistema y la estructura establecidos en de la Constitución Política.

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que acorde con la naturaleza de las controversias constitucionales, no basta el planteamiento de la inconstitucionalidad de los actos o disposiciones que en ella se impugnen, sino que también exista la afectación en el ámbito competencial de alguno de los entes a que se refiere el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal.

De tal forma que sólo cuando se alegue contravención a la Carta Fundamental por normas o actos de un órgano, poder o entidad que afecten a otro, es que podrá entrarse al estudio de los conceptos de invalidez que se hayan hecho valer.

De las características destacadas podemos deducir substancialmente que su naturaleza es la de un juicio entre Órganos y Poderes que tienen autoridad y que representan un nivel de gobierno dentro del sistema federal, en el que se solicita la invalidez de normas generales o de actos concretos que se estiman contrarios a la Carta Magna o a la ley.

¿PARA QUE SIRVE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL?

La finalidad de este juicio es obligar y constreñir a que todos los Órganos y Poderes que se derivan de la Constitución Federal conformen y ajusten su actuación y la realización de sus actos a lo que dispone la Constitución General de la República.

SE TIENDE A PRESERVAR, ESENCIALMENTE, LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO CON ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA CON EL FIN DE GARANTIZAR Y FORTALECER El ESTADO DE DERECHO, EL EQUILIBRIO DE PODERES, LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL SISTEMA FEDERAL.

El órgano de control está llamado a actualizar e integrar los valores imperantes en la

Constitución, salvaguardando el lugar en que se encuentran dentro del sistema jurídico nacional, pues será siempre la decisión del tribunal constitucional una opción jurídica, aun cuando tenga un contenido político, pues la resolución siempre tendrá que emitirse y apegarse al derecho primario.

PARTES EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Según se desprende del artículo 10º de la Ley Reglamentaria podrán ser parte de las controversias constitucionales:

I.             Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

II.            Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

III.          Como tercero o terceros interesados, las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del a. 105 de la Constitución que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse, y (La participación de éstos se deja a libre determinación de la SCJN.)

IV.          El Procurador General de la República. (Es oficiosa y obligatoria)

Los tres primeros pueden ser alguno de los siguientes:

1.     La Federación y un Estado o el Distrito Federal; 2.     La Federación y un Municipio; 3.     El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las cámaras de éste, o en su caso, la Comisión Permanente, sea como órganos federales o del Distrito Federal; 4.     Un estado y Otro;

5.     Un Estado y el Distrito Federal; 6.     El Distrito Federal y un Municipio; 7.     Dos Municipios de diversos Estados; 8.     Dos Poderes de un mismo Estado; 9.     Un Estado y uno de sus municipios; 10.   Un Estado y un Municipio de otro Estado; 11.   Dos Órganos de gobierno del Distrito Federal.

De lo anterior se advierte que los PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS para accionar una controversia constitucional.

MINISTRO INSTRUCTOR

El Ministro Instructor funciona como un conductor y moderador de la actividad de las partes en la controversia constitucional.

Es designado por el Ministro Presidente según el turno que corresponda, para que ponga el proceso en estado de resolución. (Artículo 24 ley reglamentaria.)

Funciones principales del ministro instructor:

·         Es el responsable de la admisión de la demanda;

·         Ordena los emplazamientos;

·         Acuerda todo lo relativo a la suspensión;

·         Se encarga de la admisión de pruebas;

·         Requiere los informes necesarios;

·         Ante él se celebra la audiencia y se expresan alegatos;

·         Finalmente es el encargado de presentar el proyecto de resolución al Tribunal Pleno para su consideración y votación correspondiente.

INCIDENTES

SUSPENSION DEL ACTO

Hay posibilidad de ser concedida la suspensión del acto que fue motivo del ejercicio de la controversia constitucional.

No podrá otorgarse cuando: La controversia se hubiere planteado respecto de normas generales; Se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante. La ley prevé el recurso de reclamación en contra del auto que conceda o niegue la suspensión.

IMPROCEDENCIA

Las causales de improcedencia establecidas en la ley son las siguientes:

I.             La materia electoral

II.            Todo tipo de decisiones de la Suprema Corte de Justicia.

III.          Aquéllas acciones en las que exista litispendencia y cosa juzgada, y hayan cesado los efectos de la norma general o materia de la controversia.

IV.          Por extemporaneidad en la presentación de la demanda.

V.           Por no agotarse previamente la vía legalmente prevista.

VI.          Las que se deriven de alguna disposición de ley.

EL SOBRESEIMIENTO

Las causales de sobreseimiento establecidas en la ley son las siguientes:

I.             Las que derivan de un desistimiento. (Solamente procede en el caso de actos, no de disposiciones).

II.            Que aparezca una causal de improcedencia durante el procedimiento.

III.          La inexistencia del acto.

IV.          La celebración de un convenio entre las partes.

Sobre este último punto, debe decirse que, cuando estén involucradas normas generales, no podrá decretarse el sobreseimiento, pues puede llegar a trastocarse directa y gravemente a la Constitución Federal.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

La ley reglamentaria en su artículo 26, nos indica:

“Admitida la demanda, el ministro instructor emplazará a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga”.

RECONVENCION

El segundo párrafo del artículo 26 nos menciona:

“Al contestar la demanda podrá, en su caso, reconvenir a la actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta ley para la demanda y contestación originales”.

AMPLIACION DE LA DEMANDA

La parte actora podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente.

La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales.

LAS PRUEBAS

Aunque se dice que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, se exceptúan la de posiciones, las que sean contrarias a derecho y aquellas que no guarden relación alguna con el conflicto o que no vayan a influir en la sentencia definitiva.

En lo referente a las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán  anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia.

LA AUDIENCIA

Como lo indica el artículo 34 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105, las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales.

Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

LA SENTENCIA       

La sentencia es el acto mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza y decide su parecer sobre la Controversia Constitucional que se ha sometido a su consideración.

Los requisitos que debe reunir la sentencia según el art. 41 de la ley reglamentaria:

I.             “La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

II.            Los preceptos que la fundamente;

III.          Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimen violados;

IV.          Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

V.           Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;

VI.          En su caso, el término en que la parte condenada deba realizar una actuación.

La Sentencia tendrá efectos generales siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados. Dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia, es decir tendrá efectos relativos a las partes.

LA SUPLENCIA

Una de las características esenciales de las Controversias Constitucionales es que se han concebido en términos muy flexibles; por lo tanto, se dota al órgano jurisdiccional de importantes atribuciones para intervenir en el curso del proceso.

El artículo 39 dice a la letra:

“Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advirtiera en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada en la demanda”.

Por su parte el artículo 40 del mismo ordenamiento legal señala:

“En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios”

SANCIONES

El incumplimiento de las sentencias es castigado con la pérdida del cargo y la consignación directa al juez de distrito para que se individualicen las penas que corresponda a los delitos contra la administración de justicia.

Artículo 107, Fracción XVI de la Constitución:

“El incumplimiento de las sentencias, o la repetición del acto o norma impugnada sólo podrán ser promovidos por las partes en la Controversia, quienes en tal caso deberán hacer la denuncia correspondiente ante el Presidente de la Suprema Corte a fin de que éste haga los requerimientos y turne el expediente al Ministro que deba formular el proyecto de resolución en que el Pleno acuerde o niegue la destitución y sometimiento o proceso de la autoridad considerada responsable.”

RECURSOS

Recurso de reclamación:

I) Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones;

II) Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a una de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

III) Contra las resoluciones dictadas por el Ministro Instructor al resolver cualquiera de los incidentes previstos por el artículo 12;

IV) Contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión;

V) Contra los autos o resoluciones del Ministro Instructor que admitan o desechen pruebas;

VI) Contra los autos o resoluciones del Presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación que tengan cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de las Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recurso de queja:

·         Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, y

·         Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia.

Incidentes de especial pronunciamiento:

·         Los de nulidad de notificaciones.

·         De reposición de autos.

·         De falsedad de documentos.

  

CONCLUSION

Podemos concluir que la controversia constitucional representa un medio efectivo de control constitucional, en el entendido de que después de la reforma de 1994 se robusteció al sistema judicial, concediéndole a la Corte una función única y exclusivamente jurisdiccional, volviéndola de ésta manera un verdadero Tribunal Constitucional, al conocer de manera concreta de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, gracias  la modificación del artículo 105 y la implementación del reglamento respectivo.

Es menester entender que hasta antes de la citada reforma, las controversias constitucionales no comprendían un verdadero sistema de control de la constitucionalidad, pues lo que de ellas se mencionaba en la ley era prácticamente letra muerta.

Es importante que la población en general, así como las instituciones de poder público entiendan la importancia y trascendencia de este tipo de juicio, ya que en estos procesos será en los que se resuelvan los conflictos que surjan entre dos de los Poderes Federales – Legislativo y Ejecutivo-, los poderes de los estados –Legislativo, ejecutivo, y Judicial-, etcétera, por invasión de competencias, o bien por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por parte de los órganos señalados. Como es de esperarse, corresponde única y exclusivamente a la SCJN resolver estos procesos.

Cuando un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general – como son una ley, un reglamento o un decreto- y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno, comete una violación al sistema de distribución de competencias previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual puede ser impugnada por una controversia constitucional.

Por otra parte, la Suprema Corte, pude llevar a cabo examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, en virtud de que la controversia constitucional tiene la finalidad primordial de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, por virtud de la cual, la actuación de las autoridades debe de ajustarse a lo establecido en aquella.